En los últimos días se aceleró marcadamente la negociación con los gobernadores para la reforma electoral. Si bien las conversaciones permanecían empantanadas desde mayo -pocos meses después de que el presidente Javier Milei envió al Congreso su proyecto que propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)-, en la última semana los tiempos se precipitaron ante la intención oficial de iniciar el tratamiento legislativo en el lapso de diez días.
En esta etapa, el diálogo ya no gira únicamente en torno a los recursos financieros o la obra pública demandada por las provincias. El eje central se ha trasladado al plano político y pasa por definir la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en cada distrito, teniendo como objetivo prioritario para la Casa Rosada garantizar la reelección del Presidente.
Aunque los fondos económicos resultan insuficientes para torcer por sí solos las voluntades políticas, continúa funcionando como una herramienta clave para agilizar los contactos. Tras un agosto sin envíos, septiembre comenzó con la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), beneficiando a Jujuy y La Pampa con $3.500 millones cada una, mientras que Misiones percibió $5.000 millones.
Según un informe de Politikon Chaco, la partida adjudicada a Jujuy representa el cuarto ATN otorgado en lo que va del año, sumando un total acumulado de $13.500 millones. Por su parte, la provincia de Misiones alcanzó los $25.000 millones recibidos mediante esta modalidad a través de cinco envíos, mientras que para La Pampa constituyó el primer desembolso de este índole durante la administración de Milei.
Respecto de la estrategia institucional, la mesa política oficialista dispuso que el debate de la reforma electoral en las comisiones del Senado comience de forma paralela a la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Para coordinar este esquema, Diego Santilli sostiene reuniones reservadas con mandatarios patagónicos y del norte del país, luego de que se modificara la idea inicial de postergar el tratamiento electoral hasta concretar los acuerdos presupuestarios.
Con este escenario de negociaciones, en Balcarce 50 predomina la convicción de que es factible reunir los apoyos necesarios para derogar las PASO, entendiendo que esta instancia pondrá nuevamente a prueba la capacidad de negociación de la fuerza gobernante.
Dentro del bloque de gobernadores alineados con la postura oficial se ubica el catamarqueño Raúl Jalil. Asimismo, el rionegrino Alberto Weretilneck ratificó tras reunirse con Santilli su postura a favor de la eliminación definitiva de las PASO, aun cuando no cuenta con legisladores nacionales de representación directa y debe lidiar con la intención de LLA de competir por la gobernación de su provincia.
El salteño Gustavo Sáenz también manifestó su respaldo a la eliminación de las PASO en el marco de sus negociaciones con el Ejecutivo nacional, al tiempo que contempla una eventual re-reelección provincial. En tanto, el misionero Hugo Passalacqua ratificó que mantiene un acuerdo político articulado con la Casa Rosada al menos hasta fin de año. A favor de la derogación también se posicionó el cordobés Martín Llaryora, sosteniendo que el mecanismo de primarias ha perdido su función original.
En el extremo opuesto y en disidencia con alguno de sus pares regionales, Osvaldo Jaldo rechazó de forma categórica tanto la eliminación de las PASO como una reforma electoral integral promovida por la Nación. “Yo para nada estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, sino también con una modificación electoral a nivel nacional”, afirmó. El gobernador consideró que cualquier cambio en las reglas de juego debe ser analizado con especial cuidado y rechazó que se produzcan modificaciones “sobre la marcha”.
De igual modo, una postura crítica compartida fue expresada por Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Elías Suárez (Santiago del Estero), quienes argumentaron que modificar las reglas del juego vigentes vulnera la competencia política y la participación ciudadana.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió la continuidad del sistema al definirlo como un instrumento ordenador de la oferta electoral. Una posición más matizada planteó al chubutense Ignacio Torres, quien sugirió abrir una discusión parlamentaria para volver más ágil el proceso, aunque advirtió que las modificaciones deben responder a un diseño de mediano y largo plazo y no a la resolución de conveniencias de una coyuntura electoral específica.
La Comisión de Asuntos Constitucionales oficializó la convocatoria formal para reactivar el tratamiento del proyecto de Ley de Reforma Electoral el próximo martes 15 de septiembre. La bancada oficialista enfrenta un escenario complejo ante la postura rígida de aliados como el PRO y el radicalismo, que le impiden alcanzar hasta el momento la mayoría absoluta de 37 votos requeridos por la Constitución Nacional para modificar el régimen electoral, una tensión parlamentaria que ya generó ruidos internos en el propio gabinete oficial.
Contrarreloj
En el marco de estas negociaciones y tensiones políticas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtió al Congreso que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral.
A través de una acordada firmada los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas pusieron en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de que el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas “observe los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones”.
“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.